Este conflicto, ya demasiado prolongado, entre el gobierno nacional y el sector de la dirigencia de las cuatro entidades, que nuclean a los productores agremiados del agro, parece que tiende por lo menos a acotarse.
Las entidades decidieron levantar la medida de fuerza, porque parecen haber entendido que la puerta que abrió el Defensor del Pueblo y las instancias judiciales que están corriendo sobre la constitucionalidad de las retenciones móviles, les permiten seguir reclamando por sus intereses, sin violar derechos de terceros.
Por su lado el gobierno ha definido la creación de un Fondo con afectación específica, que se llenará con el plus de retenciones que excedan aquel 35 % original. El destino de esos recursos se fijará por el gobierno nacional dado que ya ha identificado a la construcción de Hospitales, mejoramiento de rutas y viviendas populares como prioritarios.
Obviamente que el destino de los recursos afectados es indiscutible. Nadie podrá decir que invertir fondos públicos para esos tres destinos, sea desacertado. Es más, creo que esto generará serias discusiones internas en la Comisión de Enlace que, no se puede desconocer, representan intereses e ideologías totalmente distintas.
Las causas del conflicto han quedado en evidencia. Se realizó una cinchada por la apropiación de los recursos extras, originados en una combinación de demanda en aumento y precios internacionales crecientes de las commodities, políticas públicas de dólar alto de este gobierno, y espectacular crecimiento de la agricultura en el último lustro.
Es decir hubo causas exógenas y causas endógenas. Hubo causas no previstas y causas planificadas. Pero cualesquiera haya sido el origen de esas causas, queda demostrado que la Argentina, cuando se dan condiciones favorables en el orden internacional y el gobierno apuntala con sus políticas a un sector para promover las exportaciones, es posible producir más, exportar más y generar más trabajo para los argentinos.
Lo cual quiere decir que lo más conveniente es que el sector agropecuario a través de su dirigencia, y el gobierno a través de todos los representantes elegidos por el pueblo deben apostar a generar las condiciones propicias para un diálogo constructivo, que permita aprovechar estas inigualables condiciones. Porque los ciclos tienen fases, y a veces las de expansión o dilatación suelen durar poco y la historia económica enseña que los países desarrollados siempre encuentran un camino para hacer pagar las crisis a los países más pobres.
Si el precio del petróleo continúa subiendo y si la recesión internacional se termina profundizando, no será fácil evitar el impacto negativo en nuestra economía, todavía con muchos problemas no resueltos. Más vale apresurarse para logar un acuerdo que incluya programas y acciones de corto, mediano y largo plazo, para que cuando llegue ese momento estemos bien preparados.
Los efectos, de este complejo conflicto, se irán viendo en los próximos meses. El primer beneficio puede ser la restauración de la paz social. El segundo efecto puede ser que el gobierno finalmente se aboque a controlar la inflación con medidas acertadas, para evitar que la economía se termine “enfriando” de la peor manera.
El efecto social se verá en el mediano plazo porque las obras que financiará el nuevo fondo demandan tiempo para su ejecución y el ritmo de avance estará marcado por el ingreso real de fondos, lo que dependerá de una cuestión aleatoria, como la de los precios internacionales y de la inflación local.
Las entidades decidieron levantar la medida de fuerza, porque parecen haber entendido que la puerta que abrió el Defensor del Pueblo y las instancias judiciales que están corriendo sobre la constitucionalidad de las retenciones móviles, les permiten seguir reclamando por sus intereses, sin violar derechos de terceros.
Por su lado el gobierno ha definido la creación de un Fondo con afectación específica, que se llenará con el plus de retenciones que excedan aquel 35 % original. El destino de esos recursos se fijará por el gobierno nacional dado que ya ha identificado a la construcción de Hospitales, mejoramiento de rutas y viviendas populares como prioritarios.
Obviamente que el destino de los recursos afectados es indiscutible. Nadie podrá decir que invertir fondos públicos para esos tres destinos, sea desacertado. Es más, creo que esto generará serias discusiones internas en la Comisión de Enlace que, no se puede desconocer, representan intereses e ideologías totalmente distintas.
Las causas del conflicto han quedado en evidencia. Se realizó una cinchada por la apropiación de los recursos extras, originados en una combinación de demanda en aumento y precios internacionales crecientes de las commodities, políticas públicas de dólar alto de este gobierno, y espectacular crecimiento de la agricultura en el último lustro.
Es decir hubo causas exógenas y causas endógenas. Hubo causas no previstas y causas planificadas. Pero cualesquiera haya sido el origen de esas causas, queda demostrado que la Argentina, cuando se dan condiciones favorables en el orden internacional y el gobierno apuntala con sus políticas a un sector para promover las exportaciones, es posible producir más, exportar más y generar más trabajo para los argentinos.
Lo cual quiere decir que lo más conveniente es que el sector agropecuario a través de su dirigencia, y el gobierno a través de todos los representantes elegidos por el pueblo deben apostar a generar las condiciones propicias para un diálogo constructivo, que permita aprovechar estas inigualables condiciones. Porque los ciclos tienen fases, y a veces las de expansión o dilatación suelen durar poco y la historia económica enseña que los países desarrollados siempre encuentran un camino para hacer pagar las crisis a los países más pobres.
Si el precio del petróleo continúa subiendo y si la recesión internacional se termina profundizando, no será fácil evitar el impacto negativo en nuestra economía, todavía con muchos problemas no resueltos. Más vale apresurarse para logar un acuerdo que incluya programas y acciones de corto, mediano y largo plazo, para que cuando llegue ese momento estemos bien preparados.
Los efectos, de este complejo conflicto, se irán viendo en los próximos meses. El primer beneficio puede ser la restauración de la paz social. El segundo efecto puede ser que el gobierno finalmente se aboque a controlar la inflación con medidas acertadas, para evitar que la economía se termine “enfriando” de la peor manera.
El efecto social se verá en el mediano plazo porque las obras que financiará el nuevo fondo demandan tiempo para su ejecución y el ritmo de avance estará marcado por el ingreso real de fondos, lo que dependerá de una cuestión aleatoria, como la de los precios internacionales y de la inflación local.
El efecto político se podrá medir recién en el 2009. Si el gobierno enfoca con precisión el núcleo de los problemas principales y se concentra en políticas rigurosas que atiendan la causa de los problemas y no los efectos, estaremos otra vez ante una nueva oportunidad de retomar el círculo virtuoso.
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