Las mafias tienen larga trayectoria en el mundo y también en nuestro país. Si recurrimos al diccionario éste la define como “Organización de criminales que comenzó en Sicilia y luego se extendió a otros lugares”.
Por lo tanto el “mafioso”, dice el “mataburros” es en esta parte de América del Sur el “comerciante inescrupuloso”.
Se sabe que las mafias operan en todos los rubros altamente lucrativos y sobre todo en la comercialización de bienes y/o servicios prohibidos.
Todos hemos leído y visto películas sobre las destilerías clandestinas en la época de la denominada “Ley Seca” en los Estados Unidos, rubro en el cual se destacó entre otros mafiosos, Al Capone.
Esta pequeña y sintética introducción viene a cuento de lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestra provincia por estos días.
Me estoy refiriendo a varios hechos que conforman un panorama nada halagüeño para el futuro, sobre todo de nuestra niñez y juventud.
Los voy a citar sin orden cronológico, sino por su trascendencia en lo nacional, en lo provincial y en lo local respectivamente. El primero ha sido el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización de la tenencia de droga para uso personal. Creo que ese fallo puede estar ajustado a derecho y en línea con las más modernas corrientes de pensamiento con respecto a no perseguir a la víctima sino al victimario, con lo cual estoy de acuerdo.
La sociedad argentina es consumidora de psicofarmacos en altas cantidades que exceden lo normal por efectos de la automedicación.
Repito, estimo que puede ser un fallo impecable para una sociedad donde el producto bruto Per cápita sea de los más altos en el mundo, donde la riqueza y los ingresos tengan una distribución lo más equilibrada posible, donde funcionen las instituciones y los controles en defensa del ciudadano más indefenso sean efectivos y sobre todo que exista la red de ayuda para curar a los enfermos.
Pero ese contexto no es el de nuestra República Argentina, donde todavía debemos aprender a respetar la constitución y las leyes, no sólo el ciudadano común, sino fundamentalmente los funcionarios públicos.
Es por eso que me parece altamente riesgoso la aplicación literal de ese fallo, sin que los otros poderes del Estado tomen medidas tendientes a instaurar un estado de cosas que evite, disminuya y si fuera posible extirpe el creciente narcotráfico que ha venido aumentando en las últimas décadas a tal punto de convertirnos desde un país de paso a un país de alto consumo. Por otro lado mientras las cárceles continúen siendo lo que son actualmente y en tanto no se invierta mucho más en educación, prevención y asistencia para el adicto, no habrá solución de largo plazo.
En nuestra provincia se ha dado justamente el caso de un joven que ingresó droga a una escuela para venderla a sus “clientes” y en su defensa utilizó erróneamente el argumento del fallo de la Corte.
“Un alumno de octavo año de la Unidad Educativa Nº 5, que funciona dentro de la EPET Nº 1 en esta ciudad, fue descubierto por los preceptores dentro del baño de ese establecimiento educativo “vendiendo y cobrando” marihuana.Cuando lo revisaron tenía siete porros en su poder y en el marco de una reunión en la Dirección -frente a la directora Alicia Vaquer, la madre del alumno, la tutora de los octavos, la preceptora y la secretaria técnica de Coordinación Área Zona Centro, Alicia Komorozki- el adolescente admitió que traía esa cantidad “todos los días” al colegio y que la vendía porque “la despenalización de la marihuana lo permite”.(Fragmento noticia periodística El Diario de La Pampa 11/09/2009)
La segunda cuestión a la que me quiero referir es a la comercialización de medicamentos falsificados, comúnmente denominados “truchos” en la jerga. Un Juez de la Nación está investigando la red que funciona en la Argentina integrada por ciertas Droguerías, una red de Farmacias en todo el país y varias Obras Sociales Nacionales, que comercializan medicamentos falsificados.
Esto no tendría más consecuencias si fuese una mera estafa, pero al ser consumido por pacientes y utilizados por profesionales u hospitales y clínicas de buena fe, se convierte en un delito que sale del campo económico para terminar en el campo del homicidio.
La adulteración de medicamentos oncológicos, para tratamientos del SIDA, para hemodiálisis y otros que son reiterativos, no solo se realiza mediante la fabricación de placebos, sino además de falsificación de cajas por imprentas que imprimen troqueles con marcas de medicamentos de marca reconocida y registrada en el mercado, para poder estafar a las Obras Sociales.
Ya han existido asesinatos de personas que estaban involucrados en esta mafia en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte se han registrado denuncias de funcionarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y aún del gobierno Nacional, que han quedado involucrados en la investigación judicial en marcha como presuntos culpables o cómplices de las maniobras delictivas.
A todo esto debe sumarse la sospecha de corrupción política de algunos funcionarios o empresarios que habrían efectuado donaciones para campañas políticas de candidatos.
Como se ve la conexión de narcotráfico y política es cada vez más una de las vías de investigación de la Justicia Federal.
Digo para cerrar, esto tiene que ver con la proliferación de farmacias, de la posibilidad de venta de medicamentos en kioscos, con la falta de controles, porque muchos de estos “remedios”, según la ley que no se aplica y no se controla, solo pueden ser vendidos con receta archivada.
Elementos capturados en allanamientos a "laboratorios" clandestinos, con los que se producen distintos tipos de productos adulterados.
Pero esta ausencia de controles, estas rutas modernas, esta costumbre de ciertos sectores de querer “curar” ansiedades de todo tipo que aumenta la demanda, la automedicación, este mercado que se incrementa por la baja de los precios, para poder competir con los “genéricos”, crean un coctel explosivo que termina matando mucha gente inocente. Se conoce una estadística, según la cual por mal uso de medicamentos mueren anualmente en nuestro país alrededor de 21.800 personas.
Un Juez Federal de Salta acaba de solicitar al gobierno nacional la radarización de las provincias del norte argentino, donde se sabe que existen infinidad de pistas de aterrizaje clandestinas donde operan aviones que llegan desde países vecinos trayendo la droga madre con la que opera esta “industria de la falsificación”.
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