A pocos días u horas de que el Congreso Nacional inicie en la Cámara de Diputados el camino que intentará resolver el conflicto que desató el incremento de las retenciones agropecuarias, conviene tener presente, que cualquiera sea el resultado de la solución imaginada, esta tiene su costo.
En primer lugar conviene recordar que el Estado no produce nada. Por el contrario, para poder brindar los servicios que tiene a su cargo, el Estado debe tomar parte de lo producido por el sector privado, para tener recursos, que le permitan sufragar los gastos en que incurre para la prestación de los mismos.
Y los recursos verdaderamente genuinos que tiene el Estado son los impuestos. Desde hace muchos años ya la Suprema Corte de Justicia Argentina ha establecido un límite a las alícuotas impositivas para que éstas no se transformen en confiscatorias. Ese límite es el 33 % de los bienes o las rentas.
Es mi intuición que el conflicto, después que pase por el Congreso Nacional, proseguirá en los estrados judiciales, y llegará a la Suprema Corte, la que deberá expedirse y no podrá desconocer obviamente la jurisprudencia reiterada en innumerables casos.
Pero reitero, más allá del camino que tome el conflicto y de la solución que termine imponiéndose, nosotros (todos sin excepción) deberemos pagar el costo de esta cadena de errores, imprevisiones, desaguisados, intemperancias, improvisaciones, autoritarismos y falta de madurez política.
SINTESIS DEL COSTO DE LA CRISIS
1.- Precios más altos (más inflación)
2.- Tasas de interés más elevadas (menos accesibilidad al crédito)
3.- Subsidios crecientes del Estado Nacional a la oferta de bienes y servicios
4.- Menos reservas del Banco Central
5.- Frenada de la actividad económica
6.- Caída del superávit fiscal
7.- Incremento del riesgo país
COMENTARIOS FINALES.
La inflación es el impuesto más injusto que cobra el Estado Nacional, porque lo pagamos en mayor proporción quienes dependemos de ingresos fijos, asalariados, jubilados, contratados, planes, subsidiados, etc. Pero también perjudica más que proporcionalmente a los más pobres, es decir a quienes gastan en bienes de consumo todos sus ingresos.
La suba de las tasas de interés también perjudica a los más vulnerables, desde el punto de vista de los ingresos. Porque se terminaron las cuotas sin interés de las tarjetas y desaparecieron las ofertas. Tampoco hay crédito disponible a largo plazo, mucho menos a tasa fija y por supuesto para quienes no tienen capacidad de endeudamiento, sean familias, PYMES o micropymes.
La política de subsidios que el gobierno nacional comenzó hace unos años, se está colmatando. Sirvió para no subir las tarifas de los servicios públicos en un primer momento, mientras se renegociaban los contratos con las privatizadas. Pero después de unos años, con la aparición de la inflación y con la distorsión de los precios relativos y la incorporación de nuevos sectores al régimen de subsidios, la capacidad presupuestaria del Estado Nacional se ha restringido. Esto explica en parte el conflicto por las retenciones, que dicho sea de paso deben existir, pero no ser confiscatorias.
Las reservas del Banco Central se podrán recuperar, pero conviene no dejar de recordar que el crecimiento de las reservas se hizo en función de la política de “dólar alto”, es decir la flotación de la paridad cambiaria era “sucia”. De esa forma el Banco Central emitía pesos para comprar dólares y mantener la divisa en la banda de flotación que el Poder Ejecutivo le había indicado al Banco Central. Claro que esos pesos terminaron induciendo la demanda por encima de la oferta disponible de bienes y servicios y esto produjo el incremento de la tasa de inflación. O sea, ahora los industriales exportadores ya están clamando porque se ha perdido “competitividad” con la caída actual del dólar. Lo que no dicen estos “empresarios de la burguesía nacional”, es que se trata de una falsa competitividad, porque está basada en salarios devaluados, con una planta de personal en negro del 40% y con subsidios a las tarifas de combustibles y energía.
La frenada de la actividad ya está presente en algunas ramas más que en otras, pero esto es cuestión de tiempo y tendremos seguramente una desaceleración de la tasa de crecimiento. Esto está fuera de discusión, lo que todavía no se puede predecir es la magnitud de la caída.
Consecuencia de lo que hemos dicho más arriba es que justamente esta frenada y descenso futuro de la actividad económica hará imposible el mantenimiento del nivel actual del superávit fiscal. Superávit, recordemos de paso, que ya venía siendo incrementado con el artilugio de lo que llamo “contabilidad creativa”, como es la decisión incorporar recursos de las AFJP, tomar como propias ganancias del Banco Central, no cumplir con la movilidad de las jubilaciones dispuesta por la Suprema Corte de Justicia y postergar-estirar pagos a proveedores, contratistas y provincias con contratos y acuerdos o convenios firmados.
Obviamente que todo esto está siendo analizado por los acreedores, inversores y prestamistas internacionales y la conclusión es que la Argentina va incrementando su riesgo-país. Según el índice del JPMorgan el día de hoy asciende a 650 puntos básicos.
Resumiendo, en economía teóricamente se puede hacer cualquier cosa, pero todo tiene su costo, que alguien tiene que pagar. Parece que estamos llegando al punto en que cada vez hay más sectores que no están dispuestos a continuar pagando los costos de esta política económica.
En primer lugar conviene recordar que el Estado no produce nada. Por el contrario, para poder brindar los servicios que tiene a su cargo, el Estado debe tomar parte de lo producido por el sector privado, para tener recursos, que le permitan sufragar los gastos en que incurre para la prestación de los mismos.
Y los recursos verdaderamente genuinos que tiene el Estado son los impuestos. Desde hace muchos años ya la Suprema Corte de Justicia Argentina ha establecido un límite a las alícuotas impositivas para que éstas no se transformen en confiscatorias. Ese límite es el 33 % de los bienes o las rentas.
Es mi intuición que el conflicto, después que pase por el Congreso Nacional, proseguirá en los estrados judiciales, y llegará a la Suprema Corte, la que deberá expedirse y no podrá desconocer obviamente la jurisprudencia reiterada en innumerables casos.
Pero reitero, más allá del camino que tome el conflicto y de la solución que termine imponiéndose, nosotros (todos sin excepción) deberemos pagar el costo de esta cadena de errores, imprevisiones, desaguisados, intemperancias, improvisaciones, autoritarismos y falta de madurez política.
SINTESIS DEL COSTO DE LA CRISIS
1.- Precios más altos (más inflación)
2.- Tasas de interés más elevadas (menos accesibilidad al crédito)
3.- Subsidios crecientes del Estado Nacional a la oferta de bienes y servicios
4.- Menos reservas del Banco Central
5.- Frenada de la actividad económica
6.- Caída del superávit fiscal
7.- Incremento del riesgo país
COMENTARIOS FINALES.
La inflación es el impuesto más injusto que cobra el Estado Nacional, porque lo pagamos en mayor proporción quienes dependemos de ingresos fijos, asalariados, jubilados, contratados, planes, subsidiados, etc. Pero también perjudica más que proporcionalmente a los más pobres, es decir a quienes gastan en bienes de consumo todos sus ingresos.
La suba de las tasas de interés también perjudica a los más vulnerables, desde el punto de vista de los ingresos. Porque se terminaron las cuotas sin interés de las tarjetas y desaparecieron las ofertas. Tampoco hay crédito disponible a largo plazo, mucho menos a tasa fija y por supuesto para quienes no tienen capacidad de endeudamiento, sean familias, PYMES o micropymes.
La política de subsidios que el gobierno nacional comenzó hace unos años, se está colmatando. Sirvió para no subir las tarifas de los servicios públicos en un primer momento, mientras se renegociaban los contratos con las privatizadas. Pero después de unos años, con la aparición de la inflación y con la distorsión de los precios relativos y la incorporación de nuevos sectores al régimen de subsidios, la capacidad presupuestaria del Estado Nacional se ha restringido. Esto explica en parte el conflicto por las retenciones, que dicho sea de paso deben existir, pero no ser confiscatorias.
Las reservas del Banco Central se podrán recuperar, pero conviene no dejar de recordar que el crecimiento de las reservas se hizo en función de la política de “dólar alto”, es decir la flotación de la paridad cambiaria era “sucia”. De esa forma el Banco Central emitía pesos para comprar dólares y mantener la divisa en la banda de flotación que el Poder Ejecutivo le había indicado al Banco Central. Claro que esos pesos terminaron induciendo la demanda por encima de la oferta disponible de bienes y servicios y esto produjo el incremento de la tasa de inflación. O sea, ahora los industriales exportadores ya están clamando porque se ha perdido “competitividad” con la caída actual del dólar. Lo que no dicen estos “empresarios de la burguesía nacional”, es que se trata de una falsa competitividad, porque está basada en salarios devaluados, con una planta de personal en negro del 40% y con subsidios a las tarifas de combustibles y energía.
La frenada de la actividad ya está presente en algunas ramas más que en otras, pero esto es cuestión de tiempo y tendremos seguramente una desaceleración de la tasa de crecimiento. Esto está fuera de discusión, lo que todavía no se puede predecir es la magnitud de la caída.
Consecuencia de lo que hemos dicho más arriba es que justamente esta frenada y descenso futuro de la actividad económica hará imposible el mantenimiento del nivel actual del superávit fiscal. Superávit, recordemos de paso, que ya venía siendo incrementado con el artilugio de lo que llamo “contabilidad creativa”, como es la decisión incorporar recursos de las AFJP, tomar como propias ganancias del Banco Central, no cumplir con la movilidad de las jubilaciones dispuesta por la Suprema Corte de Justicia y postergar-estirar pagos a proveedores, contratistas y provincias con contratos y acuerdos o convenios firmados.
Obviamente que todo esto está siendo analizado por los acreedores, inversores y prestamistas internacionales y la conclusión es que la Argentina va incrementando su riesgo-país. Según el índice del JPMorgan el día de hoy asciende a 650 puntos básicos.
Resumiendo, en economía teóricamente se puede hacer cualquier cosa, pero todo tiene su costo, que alguien tiene que pagar. Parece que estamos llegando al punto en que cada vez hay más sectores que no están dispuestos a continuar pagando los costos de esta política económica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario