No es posible sustraerse a la tragedia ocurrida con uno
de los servicios de pasajeros de la empresa TBA (Transportes Buenos Aires), que
opera la línea del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento.
Una tragedia que forma parte del drama permanente de
nuestra Argentina que desde hace más de dos décadas y media puso en marcha un
sistema que privilegia la economía de la especulación sobre la economía de la
producción. Repasemos la historia política de los últimos treinta y cinco años con relación a los ferrocarriles.
1.- “El Proceso de Reorganización Nacional”
Fue a partir del slogan “achicar el Estado es agrandar la
Nación”, que el gobierno de la última dictadura, con Martínez de Hoz, el
superpoderoso ministro de Economía, sentó las bases de su política sobre el
apotegma de la “subsidiariedad del Estado”.
La reducción de
los servicios y el desmantelamiento de la industria ferroviaria, fue puesta en
vigencia en aquellos momentos, siendo los resultados: “La cantidad de agentes
ferroviarios se redujo de 155.000 en 1976 a menos de 97.000 agentes a fines de
1980. Esto fue posible merced a una reducción del orden de 8.500 km de vía
(sobre un total de casi 40.000 km), por desactivación de ramales improductivos
sin posibilidades de recuperación, por la reducción de 2.417 estaciones a
1.405, por el cierre de algunos grandes talleres de mecánica de alta
ineficiencia o el traspaso del mantenimiento a la actividad privada, y por la
eliminación de servicios de trenes de pasajeros y algunos de carga de muy baja
utilización y alto costo”
2.- Los ferrocarriles en democracia.
Cuando se repuso el sistema democrático, el primer turno
de gobierno lo ganó la Unión Cívica Radical, bajo el liderazgo del Dr. Raúl
Alfonsín.
En la plataforma que la UCR distribuyó durante la
campaña, se pueden leer estos párrafos: 1) “El ferrocarril deberá mejorar su
explotación permitiendo una eficiencia creciente, seleccionando los tráficos
productivos, para mantener servicios no rentables, que cumplan una función
económica o social específica cuando sus subsidios sean autorizados por el
Gobierno.”
Y a continuación se agregaba: “Se impulsará la
conservación de su infraestructura así como a un más oportuno mantenimiento y
renovación del parque tractivo y rodante, promoviendo el aporte de la industria
nacional. El plan de electrificación de servicios metropolitanos será
continuado, en tanto que los demás programas se concretarán sólo mediante
financiamientos específicos.”
Todos recordarán que aquel gobierno, más allá de las
buenas intenciones cometió errores de apreciación política, la primera derrota
fue cuando intentó modificar la ley de Asociaciones Profesionales en el intento
de democratizar las corporaciones gremiales.
El segundo error fue subestimar el peso de la deuda
externa argentina y el tercero fue jugar con la alícuota de inflación, creyendo
que era preferible un poco más de inflación, que permite recaudar el impuesto
más general, pero el más injusto y terminó devorado por su propio engendro.
Foto: Archivo Histórico Provincial. Fototeca Bernardo Graff
En 1989 las elecciones fueron ganadas por el
Justicialismo que había impulsado la formula Menem-Duhalde, después que el
primero ganara la interna a Cafiero el año anterior.
En la Plataforma Electoral para ese año se habían
utilizado varios slogans el más general era el de “La Revolución Productiva” y
en lo específico relacionado con el funcionamiento del Estado y sus Empresas y
Organismos descentralizados se aseguraba que “Reformar el Estado es
democratizarlo”. La conclusión que se hacía era que “No habrá Revolución
Productiva sin Reforma del Estado”.
En lo específico se hacía mención a la estrategia de las
privatizaciones con respecto a las cuales hay que recordar que una primera
etapa había sido ensayada por el gobierno de Alfonsín y la participación del
Ministro Rodolfo Terragno con Aerolíneas Argentinas y también con la idea de reorganizar la Empresa Ferrocarriles Argentinos en cuatro empresas diferentes para intentar privtizarlas.
Por eso el Justicialismo, visto el fracaso de esas
privatizaciones escribió en su Plataforma: “Para el Justicialismo la
privatización debe ser encarada no como actos aislados de naturaleza
administrativa (…) sino como un proceso de naturaleza política con impactos
económicos, fiscales y sociales.”
En ese marco y con el contexto propicio internacional y
nacional (“para finales de los ochenta, el setenta por ciento de los argentinos
apoyaba un plan para privatizar las empresas estatales, debido a la fatiga de
la población por las ineficiencias y la baja calidad de los servicios”), se
llevaron adelante las privatizaciones, entre ellas la de los ferrocarriles.
El Ferrocarril D. F. Sarmiento fue concesionado a TBA que
lo comenzó a operar bajo su responsabilidad el 27 de mayo del año 1995.
3.- El estallido de la convertibilidad
Menem gobernó hasta finales de 1999, pero en su segundo
mandato que consiguió por reelección, en función de la reforma constitucional
de 1994, lograda mediante el denominado “Pacto de Olivos” con el radicalismo de
Alfonsín, enfrentó los graves problemas del capitalismo internacional
globalizado que contagiaron a la Argentina por el conducto de la vía
financiera.
A mediados de 1998 comenzó una recesión, que se prolongó
hasta el periodo del gobierno de la Alianza. El estallido del sistema de
convertibilidad provocó en la Argentina el aumento extraordinario de la
desocupación, de la pobreza y la marginalidad social. La salida se hizo
mediante la devaluación de la moneda local, la pesificación asimétrica y la
licuación de los pasivos de las grandes empresas.
Eduardo Duhalde fue ungido presidente por la Asamblea
Legislativa después de la renuncia de cuatro presidentes anteriores en pocos
días.
Haciendo una pequeña síntesis, la dictadura cercenó el sistema ferroviario que conformaba
la Empresa “Ferrocarriles Argentinos”, Alfonsín y la UCR tenían ideas, pero no
capitales para financiar las inversiones necesarias, a pesar del uso de las
cajas jubilatorias y de la emisión monetaria. Menen los privatizó, creyendo que
la administración por los privados sería la solución definitiva a todos los
problemas y ahora se ve que no es así. La Alianza y Duhalde, no sólo no
tuvieron fondos para financiar inversiones, sino que el periodo que gobernaron
fue una transición en el que se puso en juego las instituciones democráticas.
Han pasado tres lustros desde las privatizaciones y eso
significa en nuestro drama político permanente, haber transitado por dos
crisis profundas. La nacional del 2001 y la internacional que comenzó en el 2009 y que
todavía está en curso. Actualmente la Argentina no está en condiciones de tomar
fondos en el mercado internacional de capitales de largo plazo, como para
encarar las cuantiosas inversiones que necesita el sistema ferroviario para
ponerlo a la altura que se merece, para evitar más pérdidas de vidas humanas.
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