La Republica Argentina es desde siempre
un país agricolo-ganadero, con petróleo, no un país petrolero.
El petróleo estaba en las profundidades
del subsuelo argentino, junto con el gas y como no teníamos capitales ni
tecnologías suficientes, pero tampoco un gran consumo interno, durante varias
décadas desde su descubrimiento en 1907 en Comodoro Rivadavia (Chubut), tuvimos reservas con un horizonte de
tres o cuatro décadas.
Pero a medida que fue creciendo la
población y fundamentalmente del desarrollo del automóvil ese consumo fue
aumentando. El problema, es que la mayoría de nuestro petróleo es pesado y para
obtener naftas de alto octanaje, siempre debimos recurrir a la importación para
realizar las mezclas.
En 1954, Arturo Frondizi fue
elegido presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Sus
múltiples compromisos políticos no le impidieron dedicarse a la actividad
intelectual y así fue como a fines de ese año publicó “Petróleo y Política”,
libro-denuncia sobre la actividad de las empresas petroleras en Argentina, y propuso
el monopolio de YPF sobre el sector. El libro se transformaría en un "best
seller" al año siguiente, durante los fogosos debates sobre los contratos
petroleros firmados por el presidente Juan Domingo Perón y la Standard Oíl de California, y posicionaron a
Frondizi en un primer plano de la escena política nacional.
Pero resulta que cuando asumió
la presidencia de la Nación con los votos peronistas, dejó de lado todo lo que
había escrito en su libro y se decidió a dar su “Batalla del Petróleo”
convocando nuevamente a empresas extranjeras para su extracción en búsqueda del
autoabastecimiento.
En la década del sesenta y
durante el gobierno de Arturo Illía el radicalismo decide avanzar sobre los
contratos petroleros que había firmado Frondizi, con lo cual la Argentina debe
pagar una alta cifra de indemnizaciones.
En la década de 1970 los
militares tratan de diversificar la matriz energética de la argentina,
realizando obras para producir hidroelectricidad y dan comienzo a la
construcción de centrales nucleares.
Cuando llega el peronismo
nuevamente el gobierno, se produce la disparada internacional del precio del
petróleo impulsado por el cartel de los países árabes asociados en la OPEP.
Muerto Perón su sucesora Isabel Martínez atina a nacionalizar las bocas de
expendio de combustibles que estaban en manos de empresas extranjeras y
centralizarlas todas en YPF.
Durante la dictadura del
autodenominado “proceso de reorganización nacional”, los militares golpistas de
la mano de Martínez de Hoz vuelven a convocar al capital internacional y a YPF,
todavía propiedad del Estado Nacional Argentino, la someten a un proceso de
endeudamiento externo como no había tenido antes, complicando aún más su cuadro
de resultados.
Pero ese endeudamiento no se
utilizó para capitalizar la Empresa YPF, dotarla de nueva tecnología ni para
planes de exploración. Lo que se hizo fue desviar esos créditos para la compra
de armamentos, que permitieran apuntalar las hipótesis de conflicto de la
dictadura.
Cuando llegan los gobiernos
del nuevo turno democrático, el déficit de la empresa YPF era muy importante,
siendo un caso excepcional, dado que era la única empresa petrolera de un
Estado que daba pérdida.
Fue por eso que durante el
gobierno de Carlos Menem se abrió las puertas a la privatización de la misma
con el objetivo de lograr extraer más petróleo, de darle el negocio al capital
extranjero y de utilizar los fondos que se obtuvieran por su venta para pagar
parte de la fabulosa deuda acumulada con los jubilados en el sistema
previsional.
Esa privatización, de hace veinte
años atrás, vale recordar porque es parte de esta historia, fue avalada por
todos los gobernadores de provincias con petróleo de nuestro país, porque el
gobierno nacional prometió pagar los juicios que se habían puesto en marcha
contra el Estado Nacional que no había cumplido con el pago de las regalías a
las provincias, según las leyes y la constitución vigentes, en un país federal.
Dentro de esos gobernadores
estaba el de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien como el resto
de sus colegas acompañó con el voto de los Senadores de su provincia esa venta.
Ahora la actual Presidente de
Argentina Cristina Fernández de Kirchner, ha
enviado una ley al Congreso Nacional para producir la expropiación de
las acciones que están en cabeza de la empresa privada española REPSOL. El
proyecto contiene una clausula que intenta poner coto a esa especie de paranoia
argentina de nacionalización-privatización, exigiendo para el futuro los dos
tercios de votos del Congreso Nacional para modificar la ley que se sancione.
Digamos que la medida es
positiva, dada la situación que en materia energética está atravesando nuestro
país. Pero además que es políticamente correcta, dado que REPSOL ha incumplido
contrato, convenios y acuerdos. Ha estado remitiendo utilidades a su casa
matríz sin atender las obligaciones del plan de inversiones.
Está nacionalización, va en
línea con las anteriores decisiones de renegociar la deuda externa exigiendo
una quita del 75 %, de la reestatización de las AFJP, de la reestatización de
Aerolíneas Argentinas, de Aguas Argentinas y del Correo Argentino.
Veremos si desde el punto de
vista económico la expropiación resulta conveniente para las arcas fiscales y
si la reacción internacional que provoque la medida puede ser digerida sin mayores
problemas en el mediano plazo.
Hay que tener en cuenta que
nuestro país aún no ha terminado de cerrar el proceso de la renegociación de su
abultada deuda externa, cuya cesación de pago se declaró el año 2002. Esto
podría complicar aún más el aislamiento internacional en el mercado de
capitales externos, fundamentalmente para las empresas privadas.
Es de esperar entonces que se
abra, luego de tener el nuevo marco jurídico, un periodo de negociaciones y que
se avance en la revisión de todas las concesiones, dado que no sólo REPSOL,
sino todas las empresas privadas no habrían cumplido con las normas
contractuales en materia de exploración, explotación, refinación y
distribución, no sólo de petróleo, sino también de gas.
Los objetivos de largo plazo
son recuperar soberanía sobre un bien absolutamente estratégico, el
autoabastecimiento de hidrocarburos que hemos perdido y generar más producción
y trabajo argentino.
Pero dentro de las pautas de
la “profundización del modelo”, habría que pensar seriamente que nuestro país
debe hacer el gran esfuerzo por recuperar y transformar el sistema ferroviario,
tan necesario en un país tan extenso como el nuestro y que tantas vidas humanas
pierde anualmente en sus vías y en sus caminos que no están en condiciones de
sostener un tránsito total de mercaderías y personas.
Muy bien escrito. Se escapa un poco la evidente trayectoria docente entre las lineas y la postura politica casi pasa desapercibida. Muy agradable la nota. Muchas gracias!
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