domingo, 26 de octubre de 2008

MISCELANEAS II

Gobernador Daniel Scioli y presidente de Colombia Uribe, "mano dura contra el delito".


Reducción de la edad de imputabilidad
La ola de violencia que recrudece en la provincia de Buenos Aires, con casos de asaltos seguidos de muerte en las localidades más ricas de San Isidro y sus alrededores, ha puesto nuevamente sobre el tapete el tema de la inseguridad.
Los testimonios escuchados por Televisión de diversos casos de ataques, a familias para robarles, dan cuenta de la impotencia que sienten quienes son víctimas de una falta de coordinación de los planes, programas, recursos e informaciones.
La “Villa la Cava” ha sido nuevamente noticia, porque se presume que de allí sale la “mano de obra contratada”, para hacer estos raids con menores de edad que son inimputables, según la legislación vigente y que por ende tienen asegurada la excarcelación.
Al Ministro de Justicia Aníbal Fernández, se le ocurrió hace algún tiempo retirar los puestos de vigilancia de la Gendarmería Nacional para llevarlos a custodiar los trenes y estaciones, dado los desmanes, delitos e inseguridad de todo tipo que sufren quienes viajan en tren diariamente. La política de “desvestir un santo para vestir otro”, no da resultados.
A Scioli se le ha ocurrido ahora, que la solución a este tema pasa por bajar la edad de los menores para que sean imputables a 12, 13 o 14 años, como es en otros países, incluso en algunos de Latinoamérica.
Si bien el gobernador reconoce que para resolver el problema se necesita una diversidad de aspectos, cree que cuando se trata de delitos con uso de armas seguidos de muerte, es necesario bajar la edad para que los menores identificados puedan ir a la cárcel.
El tema es que en la Argentina, se sabe que el sistema carcelario no es para la recuperación y resocialización de los presos, sino que justamente de allí salen con más odio y rencor hacia la sociedad. Cuando no con mayores conocimientos y adicciones que antes.

Sindicalistas del sector docente intentando colocar una "Carpa Blanca" en los alrededores de la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


La huelga docente
La Ley de educación nacional sancionada hace dos años prevé que como mínimo se debe alcanzar 180 días de clase para que los alumnos puedan completar con algún grado de efectividad los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Lamentablemente el año pasado y en este que transcurre hay que reconocer que ese articulo queda en mera expresión de deseos dado que en la mayoría de las provincias e incluso hasta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los paros docentes han disminuido en más de una semana los días de clase.
Es importante recalcar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mayor nivel de Producto Bruto Interno per cápita, que la educación está prestada por más de un 40 % de establecimientos de gestión privada, pero sin embargo tiene las escuelas publicas con edificios que no están en las mejores condiciones producto de la falta de inversión durante la difamada década “menemista”. Pero conviene aclarar que la inversión no fue recibida porque las autoridades de aquellos años se opusieron sistemáticamente a la Ley Federal de Educación 24.195 y retrasaron su implementación hasta que llegado el gobierno de la Alianza, el entonces Jefe de la Ciudad Autónoma hasta ese momento Fernando de la Rúa se transformó en presidente de la Nación.
Parece que la ley de Financiamiento sancionada también por el gobierno nacional de Néstor Kirchner, donde se fijan criterios para las paritarias docentes, no ha funcionado. Porque ha quedado reducida al envío de fondos a las provincias denominadas “pobres”. Con lo cual es de esperar un deterioro de la educación también en la Capital Federal, que obviamente se sumará a la del conurbano bonaerense, donde la pobreza, el desempleo, la droga, el trabajo infantil y la desidia hacen estragos.



Trabajos sobre la calle Chile en Santa Rosa (La Pampa) de la Obra Construcción de Pluviales, a la altura de la calle Autonomista, actualmente paralizada.


Paralización de obras publicas
La obra de construcción de los desagües pluviales de la calle Chile en la ciudad capital de La Pampa, Santa Rosa, acaba de ser paralizada por falta de pago a los empleados.
La obra está financiada con fondos nacionales que son girados a la Municipalidad, dado que se trata de una obra de neto corte comunal. Pero esta es la muestra de las dificultades que la Nación tiene en materia financiera, que ha echado mano al atraso en las certificaciones de obra y el estiramiento del plazo de pago a los proveedores del Estado.
Parece que esta obra va camino a estar paralizada o a extenderse el plazo original previsto para su conclusión, casi como está pasando con la avenida de circunvalación o como sucedió con la repavimentación de la ruta nacional 35.
Estas son las perspectivas porque tenemos crisis financiera internacional, crisis financiera nacional, gobierno provincial, que está dispuesto a ayudar pero “poquitito” y gobierno municipal, que recién está tratando de encontrar los timbres.
Mala combinación para una obra que ahora se descubre, que cuando se diseñó y licito no se contempló la excavación central para colocar la cañería que a costos actuales supera el millón de pesos. Toda una falta de previsión, tanto en proyectistas, como en las autoridades municipales anteriores, como en las nacionales que debieron haber controlado previamente el proyecto que ahora va camino al litigio o a la politización, que seria el peor camino.
Parece mentira, pero los técnicos y profesionales, que por lo general suelen ser críticos ácidos de los políticos que gobiernan, han resultado ser tan incompetentes como ellos, dado que los arquitectos, ingenieros, contadores, maestros mayores de obras, tanto municipales, como nacionales, no descubrieron a tiempo que los cálculos estaban mal ¿o es que habrá sido pura picardía para renegociar después?. Nunca se sabrá. Pero seguro que nadie renunciará, ni tendrá que dar explicaciones en ningún tribunal de ética profesional.

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